Cuando todo el mundo es culpable ninguno es responsable

Esta Editorial hace relación con la actualidad que se vive en el País Vasco y que hace referencia a la sentencia del tribunal de Estrasburgo y la llamada doctrina Parot, que desde su aplicación en el 2006 y 2008 entraba a violar los Derechos Humanos de muchos presos en varias cárceles del estado español. Antes de mirar la sentecia de Estrasburgo  hay que dejar claro porque España viola los Derechos Humanos. En los últimos años ha ido ganando terreno la vanalización del concepto de Derechos Humanos a ello ha contribuído la presión de Estados violadores de los mismos ejercida sobre entidades intergubernamentales como la ONU, la OEA y otros que fueron creados para proteger esos Derechos, preción que ha alcanzado también  a o pocas organizaciones no gubernamentales que surgieron con los mismos propósitos.

 

En distintos años altas autoridades de distintos países, en sus respectivos informes sobre  el balance de las violaciones a los DHs, señalan vaga mente y hasta de forma interesada asegurando que el estado es el que menos viola los DHs, como lo señaló el informe del defensor del pueblo de Colombia en el año 92 ante la ONU en el cual decía: este informe se presenta con la relativa tranquilidad de conciencia que da saber que en el marco de las múltiples violencias privadas que aquejan a la sociedad colombiana el estado a pesar de su mayor fortaleza militar es entre otros los actores armados, el único con una legitimidad fuera de duda  po cuanto es el que menos viola los Derechos Humanos. Esto se puede extrapolar a cualquier otra nación como el estado español. Pero más gneralizada está la idea de que las organizaciones insurgentes, armadas o de oposición también violan los Derechos Humanos, al constituir estas un cierto poder cohersitivo por el uso de las armas se pretende asimilarlas a una estructura estatal pero sin reconocerles el estatuto de fuerza beligerante o de poderes locales, lo que creea  mayor confusión aún, es cierto que todo grupo armado organizado en contra del orden vigente o del gobierno establecido en cualquier parte del mundo, está obligado en virtud de unas normas imperativas universalmente reconocidas como el derecho de gentes, a respetar ciertos principios de humanidad que nadie tiene derecho a transgredir en caso de guerra o de conflicto o que se han codificado en el Derecho Internacional Humanitario DIH.

Tales normas tienen fuerza vinculante para cualquier grupo armado aunque este no haya firmado ningún tratado o pacto internacional, a su vez es necesario distinguir entre Derecho Internacional Humanitario DIH, obligatorio para toda fuerza beligerante sea estado o no y el Derecho inernacional de los Derechos Humanos, codificado para regular las relaciones entre los ciudadanos y los Estados, y goza de primacía sobre el Derecho Interno de los mismos estados. Desconocer este marco de relaciones dentro del cual adquiere sentido y valor el concepto de Derechos Humanos tendría consecuencias tan graves como ignorar el principio fundante y legitimante de los estados en cuanto a estructuras de poder y cuya finalidad es la de salvaguardar los derechos iguales de todos y todas las ciudadanas. Además legitimaría la justicia privada y erigiría como principio "legitimante" en realidad ilegitimante del estado, el poder de cualquier minoría que sea capaz por cualquier medio de dominar a los demás. Es por eso que afirmar que los DHs los puede violar cualquier persona equivale a confundir las exigencias éticas de toda convivencia humana civilizada, que implican respetar la vida, la integridad, la dignidad y la libertad de los demás, con las estructuras jurídicas protectoras de esta convivencia civilizada.

Por todo lo anterior es evidente que solamente los estados violan los Derechos Humanos, de ahí la sentencia de Estrasburgo que tumba la llamada "doctrina Parot",

 

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